Con su aprobación, el Ejecutivo regional logra la seguridad y estabilidad necesarias para poder continuar con un modelo de enseñanza basada en la libertad, la calidad, equidad o el mérito y el esfuerzo académico. Se trata de la primera ley aprobada por el Gobierno autonómico en 2022 y la segunda educativa en la Comunidad de Madrid tras la Ley de Autoridad del Profesorado de 2020. La Ley Maestra “es la manera de proteger los principios que han hecho que el sistema educativo madrileño sea un éxito”, ha destacado el consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio.
En la Comunidad de Madrid el 56% de las familias elige para sus hijos centros educativos públicos (674.000 alumnos); el 29% opta por concertados (364.000), y el 15% restante escoge privados (195.000), “lo que refleja la riqueza y diversidad de nuestro sistema, basado en una libertad que el Gobierno de España ha pretendido cercenar”, ha remarcado el consejero en la Asamblea de Madrid.
Uno de los objetivos más importantes de la nueva Ley es la inclusión, no discriminación e igualdad efectiva en el sistema para estudiantes con necesidades educativas especiales. La escolarización de este alumnado se revisará de forma continua para que en cada momento se cuente con el entorno más inclusivo y potenciador de las capacidades del alumno, ya sea en centros ordinarios, aulas específicas de educación especial en ordinarios, centros de Educación Especial, en los que este curso hay cerca de 6.000 estudiantes, o educación combinada.
Asimismo, el texto normativo incluye que la Administración dotará de los recursos humanos y materiales necesarios, y se impulsará la formación del profesorado junto con la investigación e innovación en la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, además de promover la implicación de las familias para fomentar la comunicación con ellas y su participación.
Libertad de elección
Otro de los pilares del sistema madrileño es la libertad de elección de centro, frente a la Ley estatal que antepone la proximidad al domicilio de los padres como criterio principal admisión. Para el próximo curso 2022/23, la Comunidad de Madrid ya ha adaptado al nuevo sistema de puntuación de los diferentes criterios indicado en la LOMLOE, pero ha mantenido en vigor la zona única en cada municipio. Para ello, el Gobierno regional, dentro de sus competencias, ha primado otras circunstancias, como el tener hermanos en el mismo colegio o el agrupamiento familiar.
Esta normativa asegura la libertad de elección de centro docente con independencia del barrio de residencia, y apostando por la zona única, una de las señas de identidad de la Educación madrileña puesta en marcha en 2013/14. Este curso el 95,8% de las familias madrileñas ha obtenido plaza en el colegio elegido como primera opción para escolarizar a sus hijos de 3 años.
Educación concertada
La Ley Maestra de la Comunidad de Madrid garantiza las plazas suficientes en enseñanzas declaradas obligatorias y gratuitas, teniendo en cuenta la oferta de los centros públicos, privados y concertados e incluyendo la demanda social, un concepto que queda excluido en la LOMLOE poniendo peligro la libertad de elección de las familias madrileñas. En 2020, la Comunidad de Madrid ya aprobó ampliar de seis a diez años la duración de los conciertos educativos para aportar mayor seguridad y tranquilidad a las familias que optan por ella.
La nueva normativa madrileña permite convocar concursos públicos para la construcción y gestión de colegios concertados sobre suelo público dotacional. En consecuencia, el Ejecutivo autonómico colaborará con los ayuntamientos para garantizar la libertad de elección de la educación ya sea en centros públicos, privados o concertados.
Esfuerzo y pruebas externas
“Frente a la premisa de la LOMLOE de promover la titulación y la promoción con suspensos, la Ley Maestra apuesta por el esfuerzo para lo que promueve la realización de pruebas externas que fomenten la calidad”, ha concluido Ossorio, quien ha señalado que la normativa madrileña garantiza el derecho a recibir las enseñanzas en español, como lengua oficial y vehicular de España ahondando en la aplicación de actuaciones de coordinación con otras comunidades e instituciones públicas y privadas con esta finalidad.
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