El Partido Popular de Leganés volverá a poner encima de la mesa en el pleno municipal de pasado mañana jueves 29 de septiembre el gravísimo problema de la okupación, un delito que va a más en todo el territorio nacional y que afecta en gran medida a nuestro municipio.
En octubre de 2020, el Partido Popular elevó una moción al pleno que instaba al gobierno municipal (PSOE, Ciudadanos y Leganemos-Más Madrid) a crear una oficina municipal ‘anti-okupación’ que prestase apoyo jurídico a los propietarios afectados por el allanamiento de sus viviendas y a los vecinos del entorno que sufren un serio deterioro de la convivencia social a causa de este problema. La moción fue aprobada por amplia mayoría con los votos a favor del PSOE, ULEG, Ciudadanos, Vox y, claro está, el Partido Popular. Sólo la extrema izquierda se opuso. Dos años después nada se ha hecho y nada se tiene intención de hacer. Mientras, el fenómeno okupa crece en Leganés. El Partido Popular pedirá que se cumpla lo aprobado, así de sencillo.
La citada oficina contaría con personal cualificado y formado en diversos ámbitos del Derecho para orientar a las víctimas de la ocupación en su ardua lucha judicial a la que se enfrentan con el claro propósito de recuperar la propiedad que legítimamente les pertenece.
Asimismo, se pedía el traslado de esta moción al presidente del Gobierno de España, a la Ministra de Justicia, a la Ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, así como a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales, y a la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias.
La elevación de esta moción aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Leganés tiene como lógico objetivo que el gobierno de España que preside Sánchez acometa reformas legislativas, como por ejemplo modificar los artículos 245 y 269 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal para endurecer las penas en caso de ocupación ilegal de la vivienda o inmueble, especialmente en el caso de mafias. Recuperar el delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de entre 3 y 5 años.
También solicitamos, entre otras muchas cuestiones, incluir nuevas medidas procesales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para mejorar la protección de las personas físicas o jurídicas que sean propietarias o poseedoras legítimas de una vivienda o inmueble con el objetivo de recuperar la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de la misma sin su consentimiento. Proceder al desalojo de la vivienda ocupada en situación de flagrante delito o, en caso de que no lo sea, en 24 horas por parte de la Policía.
“Todos los vecinos de Leganés saben exactamente donde hay una vivienda ocupada ilegalmente, es evidente que estamos ante un problema de enormes dimensiones, que aparte de afectar a los propietarios de las viviendas, también afecta la convivencia vecinal. El Ayuntamiento, la administración más cercana, tiene que estar al lado de las víctimas y destinar recursos humanos y materiales para protegerlos, quiera la izquierda o no.”, ha manifestado Miguel Ángel Recuenco, candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Leganés.
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