- El alto tribunal está evaluando la nulidad de la liquidación, recaudación e inspección de los tributos cuyos ayuntamientos han incumplido con la obligación como municipios de gran población (caso de Leganés) de establecer un tribunal económico-administrativo local.
- El debate llega tras la declaración de nulidad por los tribunales autonómicos de las liquidaciones tributarias de los ayuntamientos de Santander o de Alicante.Leganés, 14 de febrero de 2022.
Desde el año 2003 los municipios de gran población están obligados a contar con un órgano para la resolución de reclamaciones económico-administrativas. En el propio Reglamento Orgánico Municipal de Leganés, en vigor desde 2009, se establece en su artículo 167 como órgano de gestión económica financiera del Ayuntamiento de Leganés a la Oficina Municipal de Reclamaciones Económico-Administrativas. Estos órganos evitarían al administrado tener que acudir desde el primer momento a la Justicia, sin embargo, en Leganés no existe este instrumento, pudiendo verse afectado por la decisión del Tribunal Supremo de anular la recaudación tributaria en los municipios que no cuenten con un tribunal económico-administrativo local, lo que podría tumbar el cobro de impuestos como el IBI, el IAE, la plusvalía o diversas tasas.
UNA ADMINISTRACIÓN CAÓTICA.
Este hecho es otra clara muestra de que el gobierno “socialista” de Leganés no hace nada por modernizar la administración, ni cumplir las normas vigentes, lo que se traduce en una caótica gestión económica que tiene entres sus “méritos” ser el tercer ayuntamiento de Madrid que más tarda en pagar a los proveedores (una media 63,42 días) aún disponiendo de hasta 50 millones de euros de superávit. De hecho, empresas adjudicatarias de servicios municipales como Kidsco, que gestiona la Escuela Infantil Rosa Caramelo, o Viten Seguridad (encargada de la vigilancia de los edificios municipales) lo sufren a diario y no pueden pagar a sus trabajadores por no recibir ingresos del Ayuntamiento de Leganés desde el mes de septiembre. Análoga situación a la que sufren los propios empleados municipales con los continuos retrasos en los pagos de sus nóminas mensuales. Situaciones que contrastan con la facilidad del regidor de Llorente para invertir millones de euros en un plan de asfaltado o en cargos a dedo para alcaldía.
EN DEFENSA DE LA LEGALIDAD Y LOS INTERESES DE LOS VECINOS.
La formación vecinal instará en el pleno a que examine la repercusión de la posible decisión del Tribunal Supremo. También está estudiando llevar a la Justicia cómo puede afectar esto en la subida ilegal del IBI del año 2020. En palabras del portavoz de ULEG, Carlos Delgado, “una vez más defenderemos el cumplimiento de la legalidad y la protección de los derechos de los vecinos de nuestra ciudad del pasotismo de un alcalde y un PSOE que han abandonado la ciudad”.
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