La Comunidad de Madrid aprueba la licitación para la construcción de la nueva Ciudad de la Justicia

Esta gran infraestructura se convertirá en el principal hito del Plan Justicia 21×21, una iniciativa de modernización y humanización de la Administración de Justicia en Madrid diseñado por el Gobierno autonómico. Se calcula que dará servicio diario cuando entre en funcionamiento a más de 30.000 personas, entre usuarios, funcionarios, empleados y operadores del sector.

La fórmula elegida por la Administración regional para la Ciudad de la Justicia, respaldada en los correspondientes estudios de viabilidad y tras el cumplimiento de los necesarios trámites de consulta e información públicas, consiste en una concesión con un plazo máximo de 40 años.

El canon asciende, como máximo, a 49,3 millones de euros -más IVA-, cantidad que no será sometida a revisión -y sólo en un 20% de la misma- hasta el octavo año del contrato. Además, esta cuantía solo será examinada nuevamente hasta que el licitador recupere la inversión realizada, y podrá ser rebajada por los licitadores en la oferta que presenten.

Esta cifra supondrá para las arcas públicas de la Comunidad de Madrid un ahorro superior a los 20 millones de euros respecto a los 72 que invierte anualmente el Gobierno autonómico en la prestación del mismo servicio, incluyendo, entre otros gastos, arrendamientos, vigilancia, limpieza, suministro eléctrico o archivo.

Ventajas de un proyecto futuro 

Esta ventaja es una más del modelo elegido por la Comunidad de Madrid para la creación de la Ciudad de la Justicia, pues con su construcción habrá otras mejoras cuantitativas y cualitativas en la prestación de un servicio público tan esencial para los ciudadanos. Entre ellos, solventar el déficit de espacios y la antigüedad de los edificios, generando espacios de reservas para futuras ampliaciones de la planta judicial de la capital.

Asimismo, la Ciudad de la Justicia incluirá una constante adaptación y evolución en materia de tecnologías de la información y de la comunicación, así como la aplicación de planes de gestión y protocolos de actuación. Además, se dota de una mayor seguridad jurídica tanto a la Administración autonómica como al adjudicatario.

El complejo contará con dotaciones como aparcamientos, edificios para usos profesionales, centros deportivos, de ocio y salud, cafeterías y una escuela infantil, todo ello encaminado a la conciliación laboral y familiar y para mejorar la calidad de vida de sus usuarios.

Mayor accesibilidad, mejor eficiencia energética 

Uno de los principales criterios que van a tener en cuenta los técnicos de la Consejería a la hora de valorar las ofertas que se presenten es la accesibilidad universal y la supresión de barreras arquitectónicas para cualquier persona que tenga una discapacidad. Se trata de uno de los objetivos del Plan Justicia 21×21 de modernización y humanización de las infraestructuras judiciales.

También sumarán puntos las propuestas que se comprometan a alcanzar los máximos objetivos en materia de eficiencia energética. Entre ellos, que el 100% de la electricidad que se consuma y suministre en la Ciudad de la Justicia proceda de fuentes de energía renovables y de cogeneración. 

Tal y como anunció recientemente el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, el Banco Europeo de Inversiones valora de manera muy positiva este proyecto. En este sentido, el Ejecutivo regional está trabajando con esta entidad para ofrecerlo como opción de financiación para el futuro adjudicatario de las obras.