Tras el Consejo de Gobierno celebrado, de manera extraordinaria, en el Ayuntamiento de Tres Cantos, Díaz Ayuso ha explicado que han abordado un informe de la nueva normativa estatal que, entre otras cosas, establece en un mínimo del 1% del PIB la partida presupuestaria que las regiones deben destinar a las universidades, lo que supondría para Madrid pasar de 1.055 millones de euros a más del doble con alrededor de 2.400 millones.
“Esta nueva Ley de Universidades se ha pergeñado en momentos complicados, sin apenas consenso, y, a nuestro juicio, no causan más que problemas”, ha señalado la presidenta, quien ha destacado, que, para empezar, rompe con el principio de excelencia para ser rector en una universidad española y con el sistema único de acreditación de docentes universitarios de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).
Es una ley, ha continuado Díaz Ayuso, “que, en líneas generales, como todas las que están poniendo en marcha e impulsando desde el Ministerio, o bien de Educación o bien de Universidades, van en la línea contraria de lo que necesitan los alumnos hoy en el siglo XXI, que es la excelencia, capacidad, conocimientos y formación, y, por tanto, están causando un daño tremendo a las nuevas generaciones”.
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Por su parte, el vicepresidente y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, ha explicado que va a solicitar al Ministerio que aclare aspectos modificados en la Ley en el último momento, como la introducción en la concesión de las becas y ayudas, además de los criterios económicos, del “origen nacional y étnico” o la priorización de la contratación de mujeres, este ya incluido en anteriores borradores.
El Gobierno autonómico ha informado de que entre las 37 alegaciones que presentó al último borrador de la Ley, ninguna ha sido incluida por el Ejecutivo central en el texto definitivo, lo que denota que carece del mínimo consenso imprescindible. Una de las presentadas hacía mención a la regulación en el acceso al cargo de rector, que rebaja los requisitos, ya que en la actualidad sólo los catedráticos pueden optar a él, mientras que el documento aprobado ayer sólo pide ser doctor.
Otra novedad es la representación que la LOSU otorga a los estudiantes en los órganos de gobernanza, de un 25%, y que según el vicepresidente va a provocar que “se les conceda voz en cuestiones que ni les competen ni pueden asumir”. “También establece su participación en la elaboración e implantación de los planes de estudio y guías docentes. Es decir, se les deja decidir sobre aquello que desconocen porque precisamente han ido a la universidad para aprenderlo”, ha subrayado.
En este sentido, y también relacionado con el alumnado, el nuevo texto introduce criterios no académicos en los méritos exigibles para la consecución de un título, porque prevé otorgar créditos “por su implicación en las políticas, las actividades y la gestión universitarias, incluidas las actividades de asociacionismo estudiantil, culturales, solidarias, de cooperación y de colaboración con el entorno. Por último, la LOSU establece los “paros académicos” como un derecho porque prevé que se hagan cuando así lo decida el órgano de representación del alumnado.
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