Ossorio ha destacado que la actual redacción de la norma estatal “daña la calidad y la excelencia”. Ha advertido de las negativas consecuencias que acarreará dar los estudiantes una excesiva participación en decisiones que no tienen capacidad técnica para tratar; rebaja el nivel al conceder créditos por pertenecer a alguna asociación estudiantil o por formar parte de comités de política universitaria; y otorga sobrerrepresentación (25%) a los alumnos en los claustros.
Además, ha añadido, la LOSU defiende los paros cuando así lo decida el órgano de representación de los estudiantes. “¿Quién pagará las clases perdidas y los costes ocasionados?, ¿Quién defenderá los derechos de quienes no secunden estas huelgas? Nos parece muy desacertada esta posibilidad”, ha remarcado.
Por el contrario, el texto del Gobierno central elimina el requisito de ser catedrático universitario para optar al cargo de rector, “lo que abre la puerta a una degradación y mayor politización”, y se traduce en “un aumento de la militancia y la agitación para el control de los campus en detrimento de la excelencia académica”.
Otro aspecto en el que el consejero madrileño ha hecho hincapié es en la participación del alumnado en la elaboración e implantación de los planes de estudio y las guías docentes, lo que supone “un atentado contra la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y cualquier tipo de lógica”.
Falta de plan financiero
En cuanto a financiación, Ossorio ha recordado que la LOSU cifra en un 1% del PIB de cada región el presupuesto para las universidades públicas, un aspecto que suscita serias dudas ya que el documento carece de memoria económica. “Temo que pase como en anteriores ocasiones, cuando el Gobierno ya anunció mejoras que terminaron pagando las comunidades autónomas”, ha explicado. Asimismo, ha cuestionado este sistema, porque aquella con mayor PIB destinarán más dinero y las de menor dedicarán menos, lo que creará “desigualdades entre regiones”.
En este sentido, también se ha referido al artículo que señala que se tendrán en cuenta las necesidades singulares de comunidades con lengua cooficial. “No estamos conformes con que se generen créditos y prebendas a los que incumplen las leyes y las sentencias judiciales, mientras que se priva de ellas a los que cumplimos las normas”, ha subrayado, para criticar que el proyecto de ley evita mencionar al español como lengua común, lo que “deja abierta la puerta a su exclusión en los campus de determinadas comunidades autónomas, perjudicando la formación y competitividad del alumnado”.
Por otro lado, el portavoz del Gobierno regional ha denunciado los “complejos políticos anticuados” de la ley respecto a las universidades privadas, de las que se hacen juicios de valor sobre su número y una supuesta falta de calidad, “algo absolutamente falso”.
Por último, Ossorio ha tendido la mano al Gobierno para seguir avanzando en aspectos positivos de la LOSU, como la posibilidad de que las universidades tengan campus fuera de España como parte de la internacionalización, el fomento de colaboración con las empresas o la potenciación de la formación continua del profesorado.
- Te recomendamos -
