Estas dotaciones son un servicio público y gratuito con el que el Ejecutivo autonómico profundiza en su voluntad de proteger y ayudar a los ciudadanos afectados por la delincuencia, tal y como ha señalado el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, durante la visita que ha realizado hoy a esas instalaciones recién inauguradas.
Para López, la apertura de este servicio “obedece a las demandas formuladas por las víctimas de poder contar con este recurso en las sedes judiciales, donde puedan disponer de un espacio adecuado, donde se respete su intimidad y sean atendidos por personal especializado”.
En estas dependencias trabajan dos equipos psicosociales que atienden de forma ininterrumpida de 9:00 a 20:30 horas, y el recinto dispone de recepción, cuatro despachos y una cámara Gesell, un lugar en el que se puede tomar declaración al menor en un entorno positivo, quedando su testimonio como prueba preconstituida, evitando que tenga que volver a repetirla durante la vista oral.
Además, ya está licitado el espacio infantil que albergará el complejo de Plaza de Castilla, en el que los usuarios pueden dejar a menores, entre los 3 meses y los 14 años, bajo la custodia y cuidado de profesionales mientras realizan cualquier gestión.
El diseño de estas infraestructuras responde al trabajo llevado a cabo desde la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior para adaptar los edificios ya existentes y las nuevas sedes con ambientes adecuados para proteger a los más vulnerables, especialmente menores, personas con algún tipo de discapacidad y víctimas de violencia de género.
Servisios que se ofrecen en las instalaciones
Los ciudadanos pueden acceder a las OAVD bien por iniciativa propia, o a través de terceros: Fiscalía, otros órganos judiciales, Policía, Guardia Civil, etcétera. Los servicios que ofrecen incluyen la preparación, asistencia y acompañamiento a juicio; una primera atención psicosocial; información y orientación sobre los recursos que la Comunidad pone a su disposición; y la posible derivación a otros espacios especializados cuando proceda.
También contemplan la coordinación con otras instituciones; el seguimiento e información de la situación procesal de la víctima; y la intervención –psicológica, social o de crisis– con afectados por delitos violentos.
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