Tras su entrada en vigor, implicará una mayor preparación, prevención y coordinación de recursos y efectivos y se traducirá, además, en una clara mejora de la integración de la Administración madrileña en el Sistema Nacional de Protección Civil. Hasta ahora es la regulación estatal la que se aplica en este ámbito.
En la nueva Ley madrileña, elaborada por la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, se han recogido las enseñanzas adquiridas por los responsables de seguridad y emergencias durante la pandemia del virus COVID-19 y la tormenta Filomena de enero de 2021, así como los fuegos en terreno forestal y las inundaciones ocurridas durante los últimos años.
Entre las novedades del texto -que deberá someterse antes de su aprobación a su trámite parlamentario en la Asamblea de Madrid-, se incluye la conversión de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) en un ente público de derecho. Esto supondrá beneficios para los ciudadanos, al dar mayor agilidad en la gestión de las emergencias por parte servicio púbico.
El proyecto de Ley también permite que la Comunidad de Madrid pueda personarse en todos los procedimientos judiciales por incendios provocados que se produzcan en terreno forestal u otras emergencias intencionadas. El Ejecutivo autonómico se dota así de mayor protección jurídica frente a los pirómanos.
Integración de Madrid112
La futura Ley también plantea una reorganización de los centros de emergencia, extinguiendo el Organismo Autónomo Madrid112 para integrarlo en el ente público de nueva creación en el que se convertirá la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid112. Esta englobará además de este centro de atención de llamadas y coordinación de emergencias a los Cuerpos de Bomberos, Agentes Forestales, Coordinación de Policías Locales, Protección Civil, IFISE y Espectáculos Públicos.
Con esta iniciativa legal, el Gobierno regional profundiza también en la normativa relativa a la autoprotección y prevención ante posibles desastres, concretando un régimen sancionador contra quienes lleven a cabo actuaciones negligentes y provoquen un daño al patrimonio natural o a las personas.
Esta primera reglamentación propia también mejora el régimen disciplinario de los servicios de emergencias y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil, así como una definición más clara de las competencias autonómicas y municipales en materia de protección civil, rescate y salvamento.
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