El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha defendido hoy este proyecto legislativo en la Asamblea de Madrid, señalando que su pretensión es “avanzar en la mejora de una amplia legislación autonómica que cubre muchos supuestos que requieren actualización, flexibilización y un enfoque claro orientado a la superación de la crisis económica”.
López ha asegurado que esta ambiciosa reforma legal tiene como destinatario y beneficiario último a los ciudadanos de la región, “personas que necesitan que en la gestión pública se trabaje a su favor, con garantías, eliminando obstáculos, de manera eficaz y flexible ante un periodo de profundos cambios que suponen nuevos desafíos. Personas, en definitiva, que tienen derecho a soluciones útiles”.
“Los objetivos son impulsar la actividad económica en la región, adaptar el cuerpo normativo actual a las nuevas realidades sociales y económicas, eliminar cargas innecesarias y modernizar la organización administrativa”, ha subrayado el consejero de Presidencia, Justicia e Interior.
También ha señalado que la tramitación de este proyecto legislativo por la vía de urgencia, reduciendo todos los plazos a la mitad, obedece a un doble motivo: “responder de manera inmediata a las necesidades de la sociedad y de la economía madrileña en un contexto de crisis ocasionada por la pandemia; y para que pueda ser tramitada, debatida y, en su caso, enmendada y aprobada, con tiempo suficiente en la Asamblea de Madrid, en una legislatura especialmente corta”.
Cuatro ejes de la ley
López ha explicado los cuatro ejes sobre los que pivota la Ley Ómnibus: la gestión eficaz de las consecuencias de la crisis provocada por el COVID-19; la mejora de determinados servicios públicos, especialmente a las personas más vulnerables; la adaptación de las normativas sobre urbanismo y medio ambiente a las nuevas realidades económicas; y la eficiencia del gasto público.
Entre otros, López ha señalado como hitos que recoge esta modificación legal, la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, adscrita al SERMAS; la agilización de la gestión de la Renta Mínima de Inserción (RMI).
Igualmente, el texto aborda la modificación de la Ley del Juego; una mayor protección a los menores y adolescentes, con medidas como la exigencia del certificado negativo en el registro de delincuentes sexuales y trata de seres humanos a aquellos profesionales o voluntarios que trabajen con menores en el ámbito deportivo; y una modificación de la Ley 9/2001 del Suelo, para que sea más liberalizadora y permita reactivar la economía regional y favorecer las iniciativas emprendedoras y la inversión.
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