Este presupuesto se articula a través de dos subvenciones directas. La primera, de manera conjunta -por un importe de 40,4 millones de euros-, está destinada a los ilustres colegios de Abogados de Madrid (ICAM) y de Alcalá de Henares (ICAAH). La segunda, que cuenta con un montante de 5,6 millones de euros, va dirigida al Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid.
Estas ayudas se destinan a la retribución de las actuaciones profesionales del turno de oficio, asistencia letrada al detenido, tramitación de expedientes de solicitud de asistencia jurídica al detenido y gratuita, así como a los costes que estos servicios generan para los colegios profesionales.
Los pagos para el ICAM y el ICAAH se realizan a través del Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, que engloba a ambos. Los que recibe el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, por medio del Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de España, como entidad colaboradora.
De esta forma, la Comunidad de Madrid garantiza la asistencia jurídica a todos aquellos ciudadanos que carecen de los recursos económicos suficientes y protege el derecho fundamental de todas las personas a la tutela judicial efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tal y como recoge la Constitución Española.
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