El transporte público de la Comunidad de Madrid prohíbe el uso de patinetes eléctricos

La Comunidad de Madrid ha decidido aplicar una restricción temporal al acceso de patinetes eléctricos en su red de transporte público. Esta medida surge a raíz del incidente ocurrido el pasado 17, donde la batería de un patinete eléctrico explotó en un tren de la Línea 2 de Metro, específicamente en la estación de La Elipa.

Aplicación de la medida y alcance

Esta restricción, que fue acordada en la reunión del consejo de administración del Consorcio Regional de Transportes (CRTM), comenzará a regir a partir del 4 de noviembre. Afectará a los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), tanto interurbanos como urbanos en otros municipios, y a las instalaciones y vehículos de Metro de Madrid. Además, se extenderá a los intercambiadores de Plaza de Castilla, Moncloa, Príncipe Pío, Plaza Elíptica y Avenida de América.

Objetivos y duración de la restricción

El carácter temporal de esta medida permanecerá hasta que se pueda garantizar la seguridad de los patinetes eléctricos en el transporte público, según lo comunicado por el Gobierno regional. Aquellos que no cumplan con la restricción serán expulsados inmediatamente. Para asegurar el cumplimiento de esta nueva normativa, el CRTM ha solicitado a los operadores de transporte que difundan el cambio a través de sus canales de información, tanto digitales como impresos.

Garantizar la seguridad

El principal objetivo de esta medida es garantizar la seguridad de todos los usuarios del transporte público y, al mismo tiempo, proteger al personal de las empresas de transporte de la Comunidad. Esta decisión sigue los pasos de otras regiones, como la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) del área de Barcelona, que también ha implementado una prohibición similar debido a preocupaciones de seguridad.

Integrantes del CRTM

El consejo de administración del CRTM cuenta con representantes de diversas entidades, incluyendo la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, otros consistorios regionales, Administración General del Estado, organizaciones sindicales, asociaciones empresariales del sector y grupos de consumidores y usuarios.