La Comunidad de Madrid reclama en los tribunales a un ciudadano el coste de la extinción de un incendio intencionado en San Martín de Valdeiglesias

El presunto autor del fuego fue sorprendido justo en el momento en el que estaba provocándolo junto a una zona de matorrales, gracias a un dispositivo conjunto organizado entre el Cuerpo de Agentes Forestales y la Policía Local del citado municipio. El operativo se organizó en base a la investigación de otros incendios en las mismas fechas que tuvieron lugar en la zona. La superficie afectada se elevó a 800 metros cuadrados de pasto, si bien también se quemó algún almendro.

En un informe de la Dirección General de Emergencias se cifró en 1.897,14 euros el valor monetario que tuvo para las arcas públicas de la intervención del Cuerpo de Bomberos regional. Posteriormente, la Abogacía General avaló que la Comunidad de Madrid pudiera reclamar dicha cantidad como actor civil, en concepto de daños y perjuicios, atendiendo al ofrecimiento de un juzgado de la capital.

El de San Martín de Valdeiglesias es el séptimo caso de estas características en el que se persona el Ejecutivo madrileño, que ya está en procesos judiciales abiertos por otros incendios forestales, ocurridos en 2020 y 2021, en Villarejo de Salvanés, Quijorna, Villaviciosa de Odón, San Agustín de Guadalix, Brunete y Robledo de Chavela.

La Consejería de Presidencia, Justicia e Interior ha propuesto la incorporación en el proyecto de Ley de Protección Civil y Emergencias –aprobado en Consejo de Gobierno el pasado 15 de mayo- que la Administración autonómica se persone como acusación particular para los casos de incendios provocados con consecuencias graves para el medioambiente y los ciudadanos.

El Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid investiga el 100% de los incendios forestales y en los casos de negligencia, imprudencia e intencionados en los que hay un autor conocido, se pone en conocimiento de las autoridades judiciales.

Para el Gobierno madrileño resulta fundamental perseguir y evitar conductas y prácticas no autorizadas de uso de fuego para impedir que se produzcan grandes incendios forestales que provoquen pérdidas en el patrimonio natural y, sobre todo, pongan en riesgo a los ciudadanos.