La Comunidad de Madrid avanza en la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Archivos y Documentos

“Estamos ante un texto eminentemente técnico, necesario para modernizar nuestro sistema, gestionar mejor nuestros documentos y proteger con mayores garantías nuestro patrimonio documental”, ha defendido Rivera de la Cruz durante su intervención. A su juicio, esta legislación “cuenta con un amplio consenso del sector, que la está esperando como agua de mayo para superar la vigente, pero ya muy obsoleta, de 1993”.

Además, ha explicado los ejes fundamentales sobre los que gira la nueva normativa. En este sentido, ha destacado la configuración de un sistema que posibilite y fomente la integración de los archivos públicos y privados a través de la Red de Archivos de Uso Público, con apoyo técnico y económico del Gobierno regional.

También se ha referido a la garantía de custodia y disponibilidad de la documentación de titularidad pública, así como a la transparencia y accesibilidad acordes con una sociedad democrática y con los derechos de los ciudadanos.

Por otro lado, la consejera ha recordado que la nueva norma se adaptará a las tecnologías de la información y de la comunicación, con la consiguiente promoción de la gestión electrónica, para que los documentos en este formato cumplan los requisitos de autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y contextualización.

Protección del patrimonio documental

La nueva ley implica la reformulación del concepto de Patrimonio Documental Madrileño, pasando de su tradicional consideración, basada en categorías tasadas en función de la antigüedad de los documentos y del tipo de institución productora, a otro en el que solo han de estar aquellos de los que se haya dictaminado su conservación permanente por parte del Consejo de Archivos o de la Comisión de Acceso y Valoración de Documentos.

Para la protección de esta riqueza patrimonial, articula un nuevo instrumento, el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Documental Madrileño y, aparte, promueve su difusión entre los ciudadanos.

Al mismo tiempo, refuerza la actividad inspectora como salvaguarda del Patrimonio Documental. Así, el personal técnico que la ejerza tendrá la condición de agente de la autoridad y se establece un catálogo de infracciones y sanciones administrativas y un procedimiento sancionador actualizados.