La Comunidad de Madrid incrementa más de un 13% el presupuesto de la Agencia para la Tutela de Adultos

Este año la aportación económica se realiza en un único pago, en vez de en dos como en ejercicios anteriores. El objetivo de esta transferencia única es mejorar la gestión ordinaria del organismo y facilitar la planificación global de la previsión de gastos desde el inicio del ejercicio.

La Agencia se hace cargo de la tutela cuando se declara la incapacidad total de una persona para decidir por sí mismo y administrar sus bienes, convirtiéndose en su representante legal. También contempla la curatela de los mayores de edad con capacidad modificada, cuando así lo determine la autoridad judicial competente. Se trata de la figura que se establece para complementar la capacidad de aquellas que conservan cierto grado de autogobierno que les permite adoptar las decisiones más sencillas sobre sí mismas o sus bienes.

Además, el AMTA asume la defensa judicial de los residentes en la Comunidad de Madrid sobre los que se haya iniciado un proceso de modificación de la capacidad, así como el ejercicio de cuantas funciones determine la autoridad judicial en medidas provisionales de defensa y protección personal y patrimonial de personas en situación de desamparo y el fomento y realización de acciones encaminadas a la integración y normalización de las personas tuteladas. Actualmente hay en la Comunidad de Madrid un total de 3.499 adultos en situación de tutela permanente, provisional, curatela o administraciones provisionales.

NUEVA AGENCIA

La Consejería de Familia, Juventud y Política Social está trabajando en el anteproyecto de Ley para la nueva Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad, organismo que sustituirá a la AMTA. Su función estará centrada en el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de las personas adultas que requieren apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, promoviendo su protagonismo en la toma de decisiones y su máxima autonomía a través de mecanismos como comisiones de participación de usuarios, un comité de ética o el desarrollo de códigos de buenas prácticas en el ejercicio profesional de las medidas de apoyo.

El trámite de audiencia e información pública del anteproyecto de ley para la creación de la nueva Agencia ha incluido por primera vez una versión en lectura fácil del texto legal para mejorar su accesibilidad cognitiva. Gracias a esta versión, las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y todas aquellas que presentan dificultades de comprensión lectora pudieron conocer de primera mano el contenido de la norma que se está tramitando. El Gobierno regional da así un paso más en su compromiso con la participación activa de las personas con discapacidad, especialmente en la elaboración de un texto legal que les afecta de manera directa.