Esta iniciativa legislativa ya comenzó su trámite en la Cámara regional en 2020 tras recibir, en abril del año pasado, el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo, el inicio de la nueva legislatura tras los comicios madrileños del pasado 4 de mayo obliga por Ley a su nueva remisión al Parlamento madrileño por parte del Ejecutivo autonómico.
El objetivo del Gobierno regional, como ya remarcó su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ante la Cámara legislativa recientemente, es que sean reformadas la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Demarcación y Planta Judicial, para ampliar y asegurar la independencia del Poder Judicial, permitiendo que los magistrados de estas salas sean nombrados directamente por el CGPJ, primando exclusivamente los requisitos de mérito y capacidad.
En concreto, la proposición de Ley aprobada por el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, recoge la modificación del artículo 330.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y el 13.2 de la Ley 38/1998, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial.
La iniciativa, una vez culmine su aprobación en la Asamblea de Madrid, se remitirá como proposición de Ley a la Mesa del Congreso de los Diputados.
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