El consejero de Presidencia, Justicia e Interior ha participado en esta reunión, que se ha celebrado en el Senado, en la que se han abordado cuestiones como el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia o el reconocimiento de las oficinas de asistencia a las víctimas del delito como servicios especializados en la acreditación de casos de violencia de género.
Respecto a la primera de ellas, López ha manifestado el compromiso de la Comunidad de Madrid con la digitalización en la Administración de Justicia. Así, ha recordado el “esfuerzo de modernización que ha realizado el Gobierno regional en los momentos más duros de la pandemia”.
En este sentido, ha subrayado medidas como la firma electrónica para casi el cien por cien de todos los magistrados y letrados; la implantación del ‘papel 0’ en los juzgados de Primera Instancia el 1 de enero de 2022; los 2,6 millones de escritos telemáticos en todos los órdenes jurisdiccionales durante el último año; la extracción automática, pionera, de datos para los boletines estadísticos del Consejo General del Poder Judicial; y la plena consolidación del Visor del expediente judicial electrónico para magistrados, fiscales y letrados, entre otros.
Por otra parte, el consejero madrileño ha trasladado el criterio del Ejecutivo madrileño “de apoyo, defensa y atención especializada a las víctimas del delito”. Y ha defendido la necesidad de que el Consejo Asesor de Asistencia a las Víctimas “fije los criterios a nivel nacional para la acreditación de la condición de víctima, un elemento homogeneizador básico”.
López ha recordado asimismo que la Comunidad de Madrid cuenta con una red de Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito, en la que reciben asesoramiento, acompañamiento y apoyo, “todos ellos elementos esenciales que garantizan su dignidad y evitan su revictimizacion”. “Solo el año pasado dimos asistencia a casi 4.000 víctimas a través de dicha red”, ha detallado.
También ha explicado que todas las nuevas sedes judiciales que está poniendo en marcha la Comunidad de Madrid “se diseñan con criterios de protección a las víctimas, en lo que tiene que ver con el trato dado a colectivos vulnerables e incluso en la garantía de evitar el contacto en las sedes entre víctima y agresor”.
Por último, el consejero de Justicia ha subrayado el interés del Ejecutivo madrileño por contribuir a la mejoría de la innovación en las herramientas que se ponen al servicio de los trabajadores de la administración de Justicia y, por tanto, redundan en la mejora de la atención de los ciudadanos. En este sentido, ha destacado la importancia de la colaboración entre las administraciones central y autonómica en la implantación de forma pionera de la nueva herramienta de gestión en el Registro Civil.
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